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En su nuevo plan para la desestabilización de Cuba, la USAID promoverá el envío clandestino de material electrónico a la Isla valiéndose de intermediarios europeos y latinoamericanos que realizarán el trabajo sucio que no puede legalmente desarrollar; favorecerá los viajes de agentes al país, usando las llamadas licencias humanitarias para realizar "evaluaciones en el terreno", y garantizará a sus colaboradores que sus actividades nunca sean divulgadas, por encima de la ley FOIA de acceso a la información.

Forzada por el GAO (la Oficina Federal de Auditoría) a fabricarse una cierta imagen de decencia en la distribución del dinero del contribuyente que derrochaba hasta ahora sin la menor licitación, la USAID (la llamada Agencia para el Desarrollo Internacional) acaba de realizar, el pasado 14 de mayo, en su sede central de Washington, una asamblea sobre la distribución de 45 millones asignados por la administración de George W. Bush para provocar una ruptura del proceso revolucionario cubano.

Durante tres horas, desde las nueve de la mañana hasta el mediodía, manteniendo fuera del lugar a los medios de comunicación y en un ambiente conspirativo acorde con las operaciones que pretende realizar, el jefe de la USAID para la región latinoamericana, José "Pepe" Cárdenas, un ex directivo de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), encabezó un grupito de funcionarios federales "especialistas" en Cuba: Su brazo derecho para la Isla, Elaine Grigsby, directora del llamado Programa Cuba; Amadjan Abani, de la Oficina de Asistencia y Adquisiciones de la USAID; Anthony Christino III, del Buró de Industria y Seguridad del departamento de Estado que monitorea y sanciona los intercambios con Cuba.

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 categoría: sociedad

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