En el régimen fiscal que algunos llaman de alquimia, se observa con excesiva nitidez el predominio apabullante de 39 familias y sus corporativos empresariales que a través de “tratamientos fiscales especiales”, como la “consolidación tributaria” y la “depreciación acelerada de activos”, hizo posible que les fueran devueltos 680 mil millones de pesos durante el gobierno de Vicente Fox Quesada.
La cifra, por supuesto que no la digo yo, sino el titular de la Auditoría Superior de la Federación y equivale al costo de la construcción de nueve refinerías. Y dijo más Arturo González de Aragón en el penúltimo foro de debate sobre la reforma en boga: Petróleos Mexicanos desempeña una función básica de instrumento recaudatorio del gobierno federal que le succiona 40 centavos de cada peso que obtiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De 1995 a 2004, la carga fiscal para la empresa paraestatal fue de 3.3 billones de pesos.
El silencio de los más dóciles defensores de las iniciativas presidenciales fue elocuente, pese a que son muy dados a descalificar la trayectoria y la persona misma del crítico en cuestión, pero eluden el debate de la sustancia de las propuestas de los opositores.
Además de las gigantescas devoluciones de impuestos de la tan ineficiente como costosísima dependencia que ahora encabeza Agustín Carstens Carstens, ésta succiona ilimitadamente a Pemex para que los dueños de México paguen, como en 2004, sólo 74 pesos de Impuesto Sobre la Renta y 69 de Impuesto al Valor Agregado.
Con diversas trampas fiscales y la asesoría de los más costosos despachos fiscales, Hacienda permitió que 13 grandes empresas, seis bancos y tres grupos aeroportuarios, difirieran el año pasado el pago en promedio de 51 centavos al fisco por cada peso entregado.
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